Tiene como finalidad principal reactivar la actividad económica, estableciendo ciertas reglas del juego propias de un régimen competitivo. El gobierno no va a financiar obras públicas por un valor máximo de 3.300 millones de dólares. La N.I.R.A. vuelve la espalda a los principios de las leyes antitrust. Se quiere, pues, postergar la Sherman Act. Esto es tanto más fácil cuanto la puesta en práctica de esta nueva legislación consiste en establecer unos “códigos” en cada industria. Estos códigos los preparan unas comisiones en las que participan los representantes de las empresas, del gobierno y de los sindicatos obreros. Estos últimos, sin embargo, no participan más que en el caso de que se trate de sectores concentrados en los que existan empresas muy grandes. Se van a elaborar más de 600 códigos, tomando a veces la apariencia de convenios colectivos acordados entre sindicatos patronales y obreros. Las principales reglas inscritas en estos códigos prevén la fijación de precios mínimos o incluso la eliminación pura y simple de la competencia en cuanto a los precios; la semana de trabajo es generalmente de 40 horas y se fijan unos salarios mínimos. Los consumidores criticarán la elaboración de estos códigos, que no tienen suficientemente en cuenta sus intereses, ya que no conducen más que al alza de precios. Los sindicatos obreros formulan las mismas críticas. En mayo de 1935, la Corte Suprema declara que la N. I. R. A. es anticonstitucional. Ante las críticas, pero también al descubrir los inconvenientes de estos códigos restrictivos y maltusianos, el gobierno aprovecha la decisión de la Corte Suprema para volver a una política antitrust. A partir de 1938, el presidente Roosevelt endereza definitivamente su política sobre los precios de monopolio, que se consideran como una de las causas de la recesión de este año. Se encarga a una comisión que abra una investigación sobre “la concentración de poder económico”. Esta comisión publica un informe en el que se demuestra que el New Deal favoreció la constitución de monopolios.
Durante la guerra de 1914-1918, el gobierno federal había construido, en “Muscle Shoals”, junto al río Tennessee, dos fábricas de explosivos. Para proporcionar la energía eléctrica necesaria se había construido una presa. En 1925 termina la construcción de la presa, representando una inversión pública de 145 millones de dólares. ¿Había que vender este equipo a empresas privadas o, por el contrario, convenía que la empresa permaneciera nacionalizada? Roosevelt había hecho saber que estaba en favor del control gubernamental. En mayo de 1933, el Muscle Shoals Tennessee Valley Development Act crea un consejo de tres miembros llamado Tennessee Valley Authority, cuya función es la de administrar y hacer funcionar las fábricas nacionales del valle del Tennessee. Se precisa que esta gestión debe realizarse en interés de la defensa nacional, de la agricultura y de la industria, mejorando la navegación sobre el Tennessee y regularizando su curso y el del Misisipi. La T. V. A. está facultada para emprender una serie de grandes trabajos: construir fábricas, presas, realizar trabajos de irrigación, de repoblación, etc. La T. V. A. es, pues, a fin de cuentas, un gran programa de trabajos públicos.
Este proyecto, uno de los más importantes del New Deal, ha sido objeto de numerosos ataques. La fibra liberal del mundo de los negocios americano no podía soportar una dosis tan elevada de intervención. Sin embargo, la Corte Suprema aprobó la T. V. A. Roosevelt pidió al Congreso, en 1937, la creación de otros organismos públicos del mismo tipo con el fin de mejorar la situación económica de determinadas regiones. Propuso la creación de seis, pero no obtuvo ninguno. No son fáciles de medir las consecuencias de esta vasta política innovadora que fue el New Deal. No faltaron las críticas del lado de los fanáticos de la libre empresa que vieron siempre en la acción del Estado una causa de ahondamiento de la depresión. Al margen de las disputas puramente doctrinales, la influencia del New Deal debe considerarse en función de la recuperación económica y del alcance social de las medidas adoptadas.
Realmente, uno puede sentirse decepcionado por la poca magnitud de los resultados obtenidos entre 1933 y 1939, ya que, a pesar de la recuperación, el paro no sería totalmente eliminado y la inversión permanece extraordinariamente débil para disminuir todavía en casi la mitad entre 1937 y 1938. El New Deal no pudo, pues, reactivar la inversión privada, e incluso cabe pensar que pudo desalentarla. La oposición del mundo de los negocios a la política de Roosevelt permitiría explicar —dicen ciertos autores— la desconfianza, y puede que también la voluntad de obstaculizar la acción gubernamental. La inversión pública podía difícilmente, a escala de un país como los Estados Unidos y en un marco federal, compensar la caída extraordinaria de la inversión privada. La profundidad de la depresión era demasiado grande para que una política basada en el déficit del presupuesto pudiese “cebar la bomba”. Pero es cierto que el conjunto de las medidas adoptadas contribuía a aumentar la demanda global o a frenar su caída. Si el gasto público no hubiese sustituido al gasto privado, la depresión hubiese sido todavía más grave. No hay que olvidar, finalmente, que el New Deal representa en la historia del desarrollo capitalista la primera gran experiencia de intervención estatal actuando a la vez sobre la coyuntura y sobre las estructuras. Sin embargo, el método utilizado fue empírico y las autoridades actuaron por tanteo. No existió un plan preconcebido.